México y Panamá ya entendieron...

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¡Buenas tardes!

Guatemala carga con un dilema que no es nuevo, pero sí urgente: cómo crecer sin borrar lo que la hace única. Las leyes que debieron proteger el patrimonio hoy se convirtieron en un muro que frena la inversión, retrasa la regeneración urbana y deja que edificios valiosos se deterioren en silencio. La ciudad envejece no solo por sus muros, sino por su burocracia.

Mientras tanto, otras urbes latinoamericanas muestran que conservar no implica detenerse. En México y Panamá, la claridad institucional transformó sus zonas históricas en polos de vida, cultura y economía.

Guatemala podría seguir ese camino si logra modernizar su gestión y entender que la memoria no se defiende con papeles, sino con proyectos que la mantengan viva.

¡Hasta la próxima semana!

Guatemala enfrenta un dilema que otras ciudades ya superaron: cómo rescatar sus zonas sin perder la historia que las define. La falta de certeza jurídica y normas desactualizadas ha detenido inversión, mientras el patrimonio se deteriora. La burocracia y la discrecionalidad desconectan el pasado del futuro.

Por qué importa. El desarrollo inmobiliario requiere lo mismo que toda inversión responsable: certeza y tiempo. Construir sin claridad sobre cómo, cuándo y bajo qué parámetros se resolverá un expediente vuelve inviable cualquier proyecto.

• Sin tiempos definidos, cada trámite se vuelve un riesgo financiero. La incertidumbre jurídica traslada costos al consumidor y reduce la oferta de vivienda y servicios.

• La ausencia de criterios técnicos unificados genera arbitrariedad. Un mismo proyecto puede ser viable en una oficina y rechazado en otra. Se erosiona la confianza y premia la discrecionalidad.

• Además, la falta de predictibilidad no solo ahuyenta capital: empuja al desarrollo informal, donde las reglas son flexibles, pero la ciudad pierde orden, infraestructura y valor.

Punto de fricción. Desde el Estado se reconoce que el problema no está solo en la norma, sino en su aplicación. Conservar patrimonio requiere precisión técnica que aún no se sostiene.

• Cada inmueble patrimonial demanda un diagnóstico individual. Esa lógica, válida desde la conservación, choca con la velocidad que exige la inversión urbana.

• El Ministerio de Cultura y Deportes —con un presupuesto de GTQ 1001M— figura entre las carteras con menor ejecución. Esto refleja una brecha operativa más que financiera: el IDAEH trabaja con poco personal y procesos manuales que ralentizan expedientes a nivel nacional.

• Para corregirlo, se impulsa una ventanilla ágil, manuales técnicos y alianzas con universidades. Con todo, sin digitalización ni criterios unificados, las mejoras avanzan más lento que la demanda de desarrollo urbano que buscan atender.

Ecos regionales. La experiencia regional demuestra que conservar y crecer no son objetivos opuestos. En México y Panamá existen casos que prueban que la claridad institucional convierte el patrimonio en motor económico.

• En Roma Norte (CDMX), la revitalización comenzó con una normativa flexible, incentivos fiscales y mezcla de usos. El barrio —que tiene cerca de 27 770 habitantes— recuperó vida residencial y cultural sin perder autenticidad.

• En Casco Viejo, la Ley 9 de 1997 combinó inversión pública en infraestructura y participación privada en restauración. Hoteles boutique, galerías, cafés y mercados artesanales lo convierten en una de las zonas más visitadas, con un incremento del 43 % en 2025.

• Ambos casos revelan que el éxito no depende de los edificios, sino de la gestión: cuando el Estado define límites claros y el privado confía en ellos, la historia se vuelve un activo de desarrollo.

Balance. Guatemala puede aprender de esos modelos si supera la falsa disyuntiva entre memoria y progreso. Preservar no debe equivaler a detener, ni construir a borrar.

• Actualizar la ley, digitalizar procesos y definir plazos obligatorios no solo reduciría la discrecionalidad, también devolvería confianza al inversionista formal.

• El patrimonio necesita ser útil para sobrevivir. Los inmuebles que permanecen sin uso se degradan y pierden sentido cultural y económico. Incentivar su reutilización permitiría unir conservación y productividad.

• Revitalizar es reconciliar pasado y futuro: una ciudad que habita su historia no renuncia a ella, la proyecta hacia delante.

Conectividad, sostenibilidad y visión, definen el nuevo rumbo de la industria en Guatemala. Synergy Industrial Park, de Spectrum, se consolida como un centro clave que impulsa la inversión, la innovación y el crecimiento industrial en la región.

Qué destacar. Synergy Industrial Park eleva el estándar industrial del país con infraestructura moderna y sostenible.

• Ubicación estratégica con conexión a puertos y carreteras principales.

• Diseñado para atraer inversión y fortalecer la competitividad.

• Respaldo de Spectrum, líder en desarrollo integral.

Entre líneas. Alejandro Guillén, gerente de Negocio Industrial de Spectrum, resalta el impacto del parque en la economía regional.

• Genera empleo y dinamiza el desarrollo local.

• Promueve prácticas sostenibles en operación y construcción.

• Ofrece infraestructura lista para la relocalización industrial.

Lo que sigue.  Synergy Industrial Park avanza con innovación y visión sostenible.

• Impulsa alianzas estratégicas público-privadas.

• Potencia el nearshoring y la proyección regional.

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El leasing habitacional podría ser el puente entre un sistema financiero concentrado en pocos y un país donde el 67 % no está bancarizado. Guatemala tiene la ley, el marco jurídico y demanda. Es una figura probada, madura y lista para escalar.

Por qué importa. El déficit habitacional supera los 2.2M de viviendas y crece cada año. Mientras los bancos buscan nuevos nichos y los desarrolladores necesitan certidumbre, el leasing surge como alternativa para dinamizar un mercado estancado.

• “No es algo nuevo ni misterioso”, recordó Fernando Basterrechea, presidente de GCF Leasing, durante un reciente evento de ACENVI. La Ley de Leasing aprobada en febrero de 2021 define reglas claras y diferencia esta figura del arrendamiento común.

• La normativa incluye procesos abreviados y mecanismos de recuperación, lo que reduce riesgos y da confianza a inversionistas y bancos que antes dudaban en utilizarla.

• Miles de familias pagan alquiler sin generar historial crediticio. Esto permite transformar esa renta en patrimonio y formalizar flujos hoy invisibles para el sistema financiero.

Cómo funciona. El modelo combina elementos de crédito y arrendamiento: el usuario ocupa una vivienda pagando cuotas mensuales. Al final, puede adquirirla.

• “El leasing puede atender a quienes no califican para crédito hipotecario, pero sí pueden pagar”, explicó Karla Guerra, vicepresidenta del Banco CHN, al destacar su potencial para ampliar la inclusión financiera.

• Las cuotas mensuales funcionan como prueba de pago; tras dos o tres años, el cliente puede migrar a un crédito tradicional y consolidar su historial.

• Como la propiedad pertenece a la entidad financiera hasta el cierre del contrato, se reduce la mora y las tasas resultan más competitivas. Se fortalece la confianza en el sistema.

Ecos regionales. La experiencia latinoamericana demuestra que este contrato habitacional no sustituye al crédito: lo complementa.

• “Ambos crecen juntos”, afirmó Camilo Albán, expresidente de la Banca Hipotecaria de DAVIVIENDA. En Colombia, el leasing representa entre 4 y 6 % de la cartera total, mientras las hipotecas rondan el 12 %.

• Su éxito se sostiene en la complementariedad: los bancos amplían base de clientes, diversifican riesgo y mantienen equilibrio entre liquidez y expansión crediticia.

• Con ley vigente y demanda no atendida, Guatemala posee condiciones para adoptar un instrumento que funciona como política de inclusión financiera en la región.

Lo que sigue. El leasing puede integrarse al ecosistema de vivienda como producto de entrada y complemento del crédito hipotecario.

• Basterrechea subrayó que la vivienda “es el principal reactivador de la economía”; vincularla con este modelo generaría empleo, capital productivo y formalización del ahorro.

• Requiere visión de Estado para escalarlo: educación financiera, incentivos y un sistema de titularización que dé tracción al mercado secundario.

• El país no necesita nuevas leyes, sino liderazgo para activar una herramienta que ya existe y puede transformar el acceso a la vivienda.