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La construcción busca terreno común
República Urbe
14 de julio de 2026
OFRECIDO POR PROGRESO
Buenas tardes.
Construir en otro municipio no debería significar volver a descifrar el proceso desde cero.
Hoy, cada cambio de jurisdicción puede traer nuevos requisitos, costos, criterios y plazos para obtener una licencia. Esa falta de previsibilidad encarece los proyectos, prolonga los trámites y puede frenar inversiones antes de que lleguen al territorio.
Nuestro primer texto aborda cómo una iniciativa busca cambiar esa dinámica. Al menos 10 municipios podrían trabajar con un reglamento modelo que establezca criterios comunes, aclare aspectos decisivos como el uso de suelo y la edificabilidad, y prepare el camino para digitalizar las licencias de construcción.
En esta edición le contamos qué falta para que el modelo pase del papel a la práctica. Si consideras que este contenido es relevante para un conocido, te invito a reenviar este correo.
Ximena Fernández
Un reglamento común podría acelerar construcciones en 10 municipios
530 palabras | 2 mins de lectura
La homologación de los reglamentos municipales de construcción podría atraer más inversión al interior del país. Una iniciativa coordinada por Guatemala No Se Detiene (GNSD) busca homologar reglamentos de al menos 10 municipios en ubicaciones estratégicas. El objetivo: establecer reglas previsibles para quienes buscan desarrollar nuevos proyectos.
Por qué importa. Cambiar de municipio implica enfrentarse a nuevos requisitos, costos y criterios para tramitar una licencia de construcción. Esta falta de uniformidad aumenta la incertidumbre, prolonga los procesos y puede detener inversiones antes de que lleguen al territorio.
Actualmente, algunos municipios cuentan con reglamentos complejos, criterios discrecionales y costos variables. Otros tienen normas incompletas que no permiten anticipar con precisión cómo se evaluará un proyecto, explica Amán José Sánchez, asesor de Guatemala No Se Detiene.
“Hay una gran necesidad de certeza jurídica”, resume Jorge Mario Figueroa, presidente de ANACOVI. La homologación busca que el inversionista conozca requisitos, costos y tiempos antes de comprometer capital.
La diversidad de reglamentos también dificulta la digitalización de los trámites. Una base normativa común permitiría desarrollar herramientas digitales que puedan utilizarse en varias municipalidades.
En el radar. La iniciativa comenzó con una lista de 19 municipios, aunque la primera etapa contempla trabajar con 10. Son priorizados los territorios vinculados con corredores comerciales, importaciones, exportaciones, crecimiento poblacional y capacidad para atraer inversión.
La lista incluye Masagua, Santa Lucía Cotzumalguapa, Puerto Barrios, Morales, Chimaltenango, Retalhuleu, Ayutla, Pajapita, Mazatenango, Escuintla, Río Hondo, Estanzuela, Teculután, Fraijanes, Villa Nueva, Amatitlán, Santa Catarina Pinula, Iztapa y Champerico.
Santa Lucía Cotzumalguapa, Santa Catarina Pinula y Escuintla son los municipios que han mostrado mayor apertura para avanzar con la propuesta, según Sánchez.
Francisco Marroquín, vicepresidente de ADIG, explica que el objetivo es cambiar normas que hoy dependen de la interpretación de analistas para evitar cambios de criterio que suceden incluso después de la aprobación de proyectos.
Punto de fricción. El principal problema no es la existencia de normas municipales, sino la falta de criterios previsibles para aplicarlas. Para Marroquín, las reglas mínimas que deben quedar claras son el uso de suelo y la edificabilidad, porque determinan qué desarrollos son viables y si es sensato comprar.
Según Sánchez, aunque el sector público dispone de 30 días para responder, algunos trámites pueden permanecer meses sin resolución.
También existe incertidumbre sobre las aprobaciones relacionadas con seguridad. Con el paso desigual de las municipalidades, el proceso queda en incertidumbre.
“Los requisitos no están claros”, advierte Sánchez. El reglamento modelo busca cerrar áreas grises sin eliminar el cobro municipal, fijando criterios comprensibles para el sector público y privado.
Lo que sigue. El resultado que se espera es un modelo sólido para ordenar la emisión de licencias sin debilitar las facultades municipales. La propuesta deberá servir como base para simplificar trámites, establecer requisitos comunes y, posteriormente, habilitar un sistema digital.
El documento deberá servir como base para simplificar trámites, establecer requisitos comunes y preparar la futura digitalización de las licencias de construcción.
No obstante, el modelo solo será obligatorio si el Concejo Municipal lo aprueba: cada municipalidad deberá adoptarlo por separado.
La lista inicial tampoco constituye un límite. La expectativa es que otras municipalidades puedan adoptar posteriormente el modelo y ofrecer condiciones más previsibles para el desarrollo de nuevos proyectos.
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María José Aresti
Latinoamérica: comprar vivienda rebasa 14 años de ingreso
162 palabras | 1 min de lectura
El precio de una vivienda equivale a más de una década de ingresos familiares en los diez países latinoamericanos seleccionados. El Salvador encabeza la comparación con una relación precio-ingreso de 21.7, seguido por Colombia, con 16.9, y República Dominicana, con 15.6, según el índice de Numbeo para 2026.
El indicador no muestra cuánto tardaría una familia en pagar una hipoteca. Calcula cuántos ingresos familiares anuales completos equivalen al precio estimado de un apartamento de 90 metros cuadrados.
La metodología utiliza el promedio del precio por metro cuadrado dentro y fuera del centro urbano y un ingreso familiar equivalente a 1.5 salarios netos promedio. La comparación supone destinar el 100 % de ese ingreso a la compra, sin descontar alimentación, transporte ni otros gastos.
Guatemala registra una relación de 14.3 años equivalentes de ingreso familiar, el mismo valor redondeado que Panamá. En la práctica, el tiempo requerido sería mayor porque ningún hogar puede destinar todos sus ingresos a comprar vivienda.
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María José Aresti
México: el T-MEC sacude los planes inmobiliarios industriales
622 palabras | 3 mins de lectura
El mercado inmobiliario industrial de México entra a una etapa de mayor cautela tras la revisión del T-MEC. La falta de una extensión por 16 años obliga a revisiones anuales y complica la planeación de nuevas plantas, contratos y expansiones.
Qué destacar. El tratado no registra cambios en reglas de origen, aranceles, inversión, energía ni regulaciones laborales. Sin embargo, las revisiones anuales reducen la visibilidad para inversiones que necesitan plazos largos y pueden retrasar contratos, expansiones o nuevos desarrollos industriales en México.
La producción de autopartes superó USD 31 000M durante el primer trimestre de 2026 y creció 9.5 % anual. Ese volumen conecta directamente la revisión comercial con los corredores industriales del norte y el Bajío.
EE. UU. absorbe el 90 % de las exportaciones de autopartes mexicanas. Por eso, cualquier ajuste en las condiciones de acceso puede modificar los planes de ocupación, ampliación o construcción de espacios industriales.
La extensión por 16 años fue postergada, no descartada. Mientras se define el mecanismo anual, varios proyectos automotrices permanecen en espera y los inversionistas priorizan operaciones con menor exposición comercial.
Datos clave. El escenario se describe como un Cisne Gris: un riesgo identificado, con señales de advertencia y consecuencias potencialmente severas, pero difíciles de calcular. Esto puede llevar a inversionistas extranjeros a diferir compromisos en naves industriales, especialmente en mercados del norte expuestos a posibles cambios en las reglas de origen.
Monterrey lidera con 14M de m² y USD 7.30 por m². El almacenamiento representa un 31.67 % de sus operaciones y el sector automotor el 19.84 %, una composición menos concentrada.
Saltillo supera 4M de m² y registra USD 7.50 por m². El automóvil concentra el 35.12 % de las transacciones industriales, la mayor proporción entre las tres plazas analizadas.
Ciudad Juárez roza 6M de m² a USD 7.10. Los sectores de cómputo, comunicación y electrónica aportan el 20.68 %, por encima del automóvil (18.64 %) y del almacenamiento (17.20 %).
Sí, pero. El mercado industrial mexicano no se detuvo. La firma de investigación CBRE, reportó un repunte en proyectos de mediano plazo ligados al clúster tecnológico, mientras buena parte de la industria automotriz mantiene decisiones en pausa. La demanda empieza a moverse hacia manufactura ligera, logística y actividades menos expuestas a la revisión.
La manufactura diversificada aumentó 10.6 puntos porcentuales dentro de los requerimientos activos de inquilinos. La logística y el transporte avanzaron 6.6 puntos, una señal de que la ocupación puede apoyarse en nuevas fuentes de demanda.
El sector tecnológico también gana espacio conforme México, Taiwán y Vietnam aumentan su participación como proveedores estadounidenses de equipos de cómputo. Esa oportunidad favorece parques con energía, conectividad e infraestructura suficiente.
La industria automotriz conserva volúmenes sólidos de comercio con EE. UU., aunque CBRE señala que el crecimiento se moderó. Para propietarios y desarrolladores, el efecto aparecerá en contratos firmados, renovaciones aplazadas y nuevas plantas que tardan más en decidirse.
Balance. La revisión del T-MEC coincide con otro límite para el desarrollo inmobiliario industrial: la disponibilidad eléctrica. Los proyectos grandes y de manufactura avanzada necesitan capacidades que muchas naves no pueden garantizar. El crecimiento dependerá tanto de la demanda como de la infraestructura disponible en cada mercado.
Los proyectos mayores de 10 000 m² requieren potencia entre 300 y 500 kVA de capacidad instalada. Las propiedades que no alcanzan ese umbral quedan fuera de varias búsquedas o necesitan inversiones adicionales para competir.
“Sin energía no hay desarrollo”, advierte Vianey Macías, Head de Market Research en Spot2.mx. La dependencia de diésel eleva los costos operativos y reduce el atractivo de las naves para inversionistas extranjeros.
La inversión fija bruta acumuló una caída anual del 3.1 % en marzo de 2026 y sumó 19 meses de contracciones. El dato añade cautela a un mercado que necesita capital de largo plazo.
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